El titular de la Comisión de Agricultura, Luis Basterra (Formosa), aseguró a FDL que la problemática “fue expuesta en el marco de la Comisión por diputados de diversos bloques, de modo que hemos propuesto que empiece a ser considerada”.

No obstante, indicó que “todavía no tenemos ingresado más que algunas inquietudes sobre el tema y, en el momento en que existan resoluciones de los diputados en relación al impacto de las tarifas, se analizarán en la Comisión”, y el ex Inta agregó que “Obviamente a nosotros nos interesa preservar el concepto de equidad territorial, esto implica que se preserve la competitividad de las producciones que tienen mayor distancia de los puertos de embarque y los lugares de consumo distantes”.

Además, manifestó que en el debate legislativo se tendrán en cuenta las opiniones de las asociaciones del sector agropecuario y mencionó que estuvo presente en la reunión de economías regionales de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), donde se hizo un planteo sobre el tema. “Les hemos pedido que nos acerquen su postura. Estamos abiertos a escuchar todas las opiniones y tratar de consensuar una visión que promueva el desarrollo regional”, dijo al respecto Basterra.

Al respecto, el radical Ricardo Buryaile (Formosa), ex presidente de la Comisión de Agricultura, le reclamó al gobierno nacional “transparencia en la comercialización” y la necesidad de “desanudar los mercados” agropecuarios.

Consideró además que el tema está relacionado con el aumento del combustible y criticó el establecimiento de los valores de referencia obligatorios que “impiden” la libre contratación.

“Las zonas más complicadas son las más alejadas y esto impacta mucho más en los pequeños productores”, remarcó, antes de recordar que la sequía también está jugando en contra en la zona del Chaco. “La responsabilidad del Estado es dotar de competitividad a esas zonas; hoy las retenciones de las provincias del norte son las mismas que las de Venado Tuerto”, explicó Buryaile a la Fundación Directorio Legislativo.

La semana anterior, diputados opositores criticaron los nuevos cuadros tarifarios establecidos por la Subsecretaría de Transporte de la Nación.

Los principales ejes temáticos de la iniciativa son: a) capacitar a recuperadores urbanos en materia de promoción ambiental; b) promover relaciones positivas y permanentes entre escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y recuperadores urbanos; c) estimular, por un lado, el involucramiento de los niños en el cambio social y cultural hacia la separación de residuos dentro de los hogares, y, por otro, el reconocimiento del rol de los recuperadores; d) sensibilizar a la población en relación a las temáticas que aborda este proyecto.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de las embajadas de Alemania y Suiza en Argentina, y se enmarca en el nuevo sistema de recolección diferenciada de la CABA. Este sistema establece formalmente a las cooperativas de recuperadores urbanos como responsables de la recolección de los residuos secos (reciclables) en toda la ciudad. Fundación Directorio Legislativo y Fundación Cambio Democrático consideran que estas decisiones públicas necesitan de acciones de educación ciudadana y ambiental que fortalezcan este nuevo rol así como su reconocimiento y aceptación social.

La discusión sobre Muerte Digna se instaló en la agenda legislativa durante 2011 a partir del “Caso Camila”. Selva Herbón, la mamá de una niña que por una complicación en el parto quedó en estado vegetativo, solicitó al Poder Legislativo una ley que permita a su hija morir de manera digna. En consecuencia, la temática se coló en la agenda de los legisladores y atravesó de manera paralela a ambas cámaras del Congreso de la Nación.

La de Diputados dio media sanción el pasado mes de noviembre a una modificación a la Ley Nº 26.529, de Derechos del Paciente, otorgándole al enfermo terminal la potestad de rechazar tratamientos cuando estos conduzcan a un encarnizamiento terapéutico. Además, si el paciente no está en condiciones de expresar su deseo, se le da permiso a los familiares para decidir cómo actuar en una situación extrema e irreversible.

Por su parte, en la Cámara de Senadores, a diferencia de Diputados, se había decidió a trabajar en la creación de una nueva legislación, tomando como base el proyecto del senador Samuel Cabanchik (PROBAFE-Caba). Se había consensuado la necesidad de otorgarle al paciente terminal el derecho a la autonomía de su voluntad, al consentimiento informado, y a registrar directivas anticipadas en caso de enfermedad irreversible. A su vez, también se había consensuado que en caso de no poder expresar su voluntad, los familiares del paciente tendrían capacidad de decisión en una situación tal.

Pero al recibir la media sanción de Diputados, un plenario de senadores de las comisiones involucradas (Salud y Deporte, Legislación General y Derechos y Garantías), decidió dictaminar el proyecto con media sanción de la Cámara de origen. Así, se llegó a la situación actual y el texto sobre Muerte Digna ya es ley.