En ese sentido, desde abril de este año iniciamos un proceso de diálogo e intercambio entre, por un lado, la responsable del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, Zaida Gatti, y parte de su equipo de trabajo, y, por otro, organizaciones de la sociedad que abordan la problemática de la trata de personas desde diversos aspectos, impulsado y coordinado por Fundación Directorio Legislativo.

Hasta el momento se han realizado dos encuentros, ambos sobre la base del documento de “Recomendación de política pública. Aportes para el decreto reglamentario de la Ley Nº 26.842”, elaborado por las siguientes organizaciones: Agrupación Afro Xangó, AMMAR CAPITAL Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Asociación Civil sin fines de lucro Nuestras Manos, Campaña Abolicionista “Ni una mujer más víctimas de las redes de prostitución”, Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe – CATW LAC, Fundación Directorio Legislativo, Fundación Mujeres en Igualdad, Mujeres Migrantes, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – PIDHDD, Red Alto al Tráfico y a la Trata – RATT Argentina y Red No a la Trata.

Estos encuentros de trabajo tienen el propósito de ahondar distintos aspectos de la normativa en cuestión, como por ejemplo, los desafíos y oportunidades que genera la implementación de algunos de sus componentes, la importancia de la restitución del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales para las víctimas, la necesidad de ampliar el alcance de capacitaciones a fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, la diferenciación entre víctima y testigo en los procesos judiciales y los aportes de las organizaciones en estos y otros temas abordados.

Esperamos que este proceso de diálogo entre las organizaciones y el Programa Nacional, entre el sector social y Poder Ejecutivo, tenga un impacto positivo en la restitución del ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y en el fortalecimiento de las personas víctimas de trata de personas, como así también en la prevención y combate de este crimen organizado.

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GLOBE International es una red global de legisladores comprometidos con el impulso de leyes nacionales que aborden el cambio climático global y sus impactos. Busca generar una masa crítica de parlamentarios que promuevan normativas locales al respecto y el intercambio de legislación entre sus miembros. En ese sentido, cuestiones sobre bosques, océanos y capital natural son también de su interés.

En el encuentro que se realizó en el Congreso de la Nación y fue organizado por la Fundación Directorio Legislativo, el Capítulo Argentino quedó conformado con la diputada Andrea García (FpV-Buenos Aires) como presidenta; el senador Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) como vicepresidente, y Eugenio “Nito” Artaza como secretario.

Son vocales las diputadas Mara Brawer (FpV–Ciudad de Buenos Aires), Alicia Comelli (MPN-Neuquén), Silvina García Larraburu (FpV–Río Negro), Miriam Gallardo (FpV–Tucumán), Claudia Giaccone (FpV–Santa Fe), Virginia Linares (Gen-Buenos Aires) y Julia Perié (FpV–Misiones). Para la conformación formal del capítulo Fundación Directorio Legislativo envió una carta a la administración general de GI expresando la intención de la conformación del capítulo local.

Con la conformación del Capítulo Argentino de GI se busca incluir a Argentina en la discusión parlamentaria internacional. Y desde una perspectiva local, instalar con más fuerza la temática de cambio climático en la agenda parlamentaria local.

En términos generales, esa participación implica consensuar objetivos y una agenda de trabajo entre los participantes del capítulo local, con su respectivo cronograma, distribución de responsabilidades y dinámica del equipo de trabajo.

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“Deberíamos proponer una ley para que la Unidad de Información Financiera (UIF) y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sean parte querellante obligatoria en causas de lavado de dinero”, sugirió la jefa de Estado.

La primera mandataria consideró necesario elaborar una nueva ley, ya que en materia de lavado de dinero, “a la AFIP y la UIF en muchos casos no les han permitido participar como querellantes”.

En el Congreso, la cuestión no pasó desapercibida. Por caso, el senador Aníbal Fernández (FPV-PJ-Buenos Aires), descalificó las denuncias de la oposición al decir que son “una estupidez sin sentido” aunque señaló que si “hay denuncias hechas, que investiguen y que vayan a fondo”.

Desde la oposición, la senadora Laura Montero (UCR-Mendoza) se corrió del eje de la última sesión -referida a la reforma judicial- y señaló que “no podemos dejar pasar por alto las denuncias de corrupción que involucran a empresarios y funcionarios del Estado nacional”, en alusión a la investigación realizada semanas atrás por el periodista Jorge Lanata.

“Los hechos enunciados y la gravedad de los mismos, ya deberían haber disparado una serie de investigaciones por parte de todos los organismos del Estado que tienen facultades de investigar y controlar”, disparó la mendocina, pero inmediatamente lamentó que estas investigaciones no se hayan realizado.

En la Cámara de Diputados, el tema también está latente. Es que si bien hoy no están en el centro de la escena -ocupada exclusivamente por la reforma judicial- existen proyectos de ley con estado parlamentario que proponen modificar la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen Delictivo (Nº 25.246).

En el Peronismo Federal, Gustavo Ferrari (Buenos Aires), presentó una iniciativa que incorpora nuevos sujetos obligados a brindar información financiera a la UIF. Entre ellos, se encuentran partidos políticos, organizaciones sin fines de lucro, reaseguradoras y los abogados cuya actuación no involucre secreto profesional. (Expte Nº 1463-D-2013)

En el mismo sentido, el diputado del GEN Gerardo Milman (Buenos Aires), también plantea la incorporación de nuevos actores a la ley contra el lavado de dinero, pero en este caso, los sujetos obligados alcanzarían a asociaciones sindicales, obras sociales y mutuales. (Expte Nº 0330-D-2013)

Por su parte, la diputada macrista Laura Alonso (Pro-Caba) presentó en los últimos días un proyecto para crear en el Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora de los Actos de Corrupcion, de desviacion de Fondos Publicos, Lavado de Dinero y otros actos ilicitos conexos, ocurridos desde el año 2003. (Expte Nº 2096-D-2013)

No obstante, la escena política hoy tiene a la reforma judicial como escenario de debate. Cuando el mismo culmine, el Gobierno se enfocará en la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Habrá que ver, entonces, si los tiempos electorales dejarán espacio para la actualización de la legislación contra el lavado, algo que, al menos en el discurso, es impulsado tanto por el oficialismo como la oposición.

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